El caso Macedonia, una compleja investigación sobre corrupción en casi todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña


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El caso Macedonia, una compleja investigación sobre corrupción en casi todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña, arrancó el 28 de mayo de 2009. La Guardia Civil recibió el soplo sobre una inminente entrega de droga. Juan Miguel Bono, el presunto traficante, apareció esa misma tarde en el lugar señalado —la calle del Trabajo de Barcelona— y, tras apearse de su moto, recogió 29 paquetes del maletero de un coche. Los agentes le detuvieron. Y sus superiores redactaron un atestado en el que detallaban que parte de los 54 kilos incautados eran, supuestamente, cocaína y otras sustancias estupefacientes.
Caso Macedonia: El Juez Aguirre registra con Policía Nacional la comisaría de Mossos de Sabadell

Mossos y narcos, chivatos y corruptos, vaya macedonia!
Desde que en 2010 fue detenido el narco-soplón Gutiérrez Carbajo no han dejado de producirse intervenciones relacionadas con los Mossos d’Esquadra. Este corrupto cuerpo acumula con la UDYCO records sin par en acumulación de casos de corrupción, sobre todos los relacionados con el tráfico de drogas. Dada la complejidad y ramificaciones del caso los investigadores no han dudado en nombrar lo como Caso Macedonia. Ahora las investigaciones se acercan a los Lugartenientes del anterior Conseller de Interior de la Generalitat e Catalunya D. Felip Puig.

“Golpe a la imagen de los Mossos”: El jefe de la unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra, el subinspector Antoni Salleras, así como cinco agentes más, imputado por revelar a una banda de narcotraficantes que estaban siendo vigilados por la su unidad, según ha informado TV3

Un complejísimo caso de corrupción policial deja una estampa inédita: el juez instructor ha irrumpido hoy, acompañado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en el cuartel general de los Mossos d’Esquadra, en Sabadell. El juez Joaquín Aguirre ha ordenado la entrada para que agentes de la División Económica y Técnica (Sitel) de la policía hagan una copia de los originales de unas escuchas telefónicas que, según el juez, le fueron ocultadas. Aguirre ha imputado a mandos de los mossos porque considera que le hurtaron conversaciones de interés para proteger a un acusado de narcotráfico, Manuel Gutiérrez Carbajo.

El caso Macedonia hace honor a su nombre: es una verdadera ensalada de frutas diversas. Y no puede entenderse sin una buena dosis de contexto. Gutiérrez Carbajo es el confidente policial que dio la pista para desarticular otros dos casos de presunta corrupción policial a gran escala. En ambos están implicados mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía: el robo de un contenedor de cocaína en el puerto de Barcelona -que acaba de juzgarse y está pendiente de sentencia- y los presuntos regalos a policías a cambio de protección en los burdeles Riviera y Saratoga, de Castelldefls. Una unidad especial de los mossos, coordinada por Antoni Salleras, fue la encargada de desarrollar esas operaciones. Salleras es uno de los mossos a los que Aguirre ha imputado por ocultar, presuntamente, las conversaciones que situaban a Gutiérrez Carbajo en el centro del caso Macedonia como traficante.
http://www.nodo50.org/tortuga/Un-juez-imputa-a-mandos-de-los

Ficheros distintos a los originales: El juez sospecha que en los DVD que los Mossos d’Esquadra le facilitaron se omitían 708 ficheros de audio, 711 archivos de transcripción, 1.490 ficheros de sms y que otros cuatro ficheros de audio no eran idénticos al original, como ha constatado un informe pericial encargado por la acusación popular ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Llamadas entre el narco y los responsables policiales
La intervención
En esta ensalada de frutas encontramos un poco de todo: tráfico de drogas y extorsión, manipulación de pruebas y chivatazos, traiciones y denuncias, prostitución y sobornos. El negocio de ser policía sí que parece ser rentable.

Por lo menos comienzan a salir a la luz algunos imputados, como el del corrupto Antoni Selleras. Él y otros cinco secuaces de los que no se ha facilitado el nombre imputados. Otra vez son Agentes Anticorrupción imputados por estos mismos delitos. Policía incontrolada.

Se apunta a que el verdadero objetivo de la intervención del juez Aguirre podría ser el Comisario Josep Lluis Trapero, verdadera cabeza de la organización y objetivo del juez. Número 3 Felip Puig, Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, y ascendido hace poco al cargo. El narco se comunica con el comisario en más de 140 ocasiones, siendo registradas pero habiendo sido parte de las pruebas borradas. Esta vez libraste Trapero.

El narco también se comunica en más de 80 ocasiones gravadas con el inspector jefe de la división de Investigación Criminal de Girona, Josep Monteys.

Después de la intervención el juez no pudo copiar las escuchas porque estaban borradas.

Pocas cosas nos gustaría más que ver imputado a Sergi Pla, Comisario jefe de antidisturbios de Barcelona, con despacho en dicho cuartel de Egara.

Después de dos años de investigación sobre esta trama de corrupción parece ser que afecta no solo a unos policías sino a toda una comisaría, por lo que podemos decir que solo acaba de empezar.

Mensaje para los Mossos d’Esquadra
Que la Policía Nacional sea usada para intervenir a los Mossos d’Esquadra en vez de un cuerpo de asuntos internos propio de los Mossos es un mensaje. Los jueces no se fían de la lealtad del cuerpo, creyendo que su sentimiento corporativo es más fuerte que su dedicación a la justicia. También es un mensaje del estado central para Felip Puig y el resto de políticos catalanes que dice: “pueden hacer de Cataluña su cortijo, reventarla y hundirla si quieren, pero no sin la vigilancia del estado central ni sin que se reparta la parte del pastel que nos corresponde”. En este tira y afloja el estado central les pone una mano en el cuello que apretará cuando necesite. A demás indica que el gobierno central está al tanto de sus movimientos, también tienen él sus infiltrados.

Práctica policial antidrogas intrínsecamente corrupta
Cuando se usa a una banda de narcotráfico como fuente de información, se utiliza esta información para detener a otra banda de narcos, la competencia, mientras se sustrae la droga requisada para dársela a la primera banda con el fin de que esta comercie con la droga con otra banda de narcotráfico para volver repetir la operación, mientras ambas partes se enriquecen, es la práctica habitual de la investigación policía, quid pro cuo, todos ganan. Claro que alguien podría pensar que los agentes son partes de la banda criminal y usan sus cargos para eliminar a la competencia y enriquecerse, como el juez Aguirre. Cuestión de puntos de vista.

Las preocupaciones de TV3
Hace gracia observar como TV3 lo califica como golpe a la “imagen” de los mossos d’escuadra. Como si el efecto principal del mayor escándalo de corrupción del cuerpo de Mossos fuera que la población ve deteriorada su imagen. Así es. La creencia es parte fundamental del conocimiento, y ocupa la parte que este no abarca. Influir en la imagen es influir en la actitud, y asegura el sometimiento. Si crees que un enemigo es más fuerte que tú seguramente no te meterás contra él y te someterás, asumiendo la derrota.

De este breve comentario entendemos que TV3 o es ajena o esconde las prácticas habituales de este grupo armado. Si es ajena es porque sus servicios informativos son inexistentes e ineficientes y solo repiten el discurso único emitido por la Generalitat y las agencias informativas. Si esconde las prácticas es cómplice del sistema de control de masas organizado por el estado. En la Tarcoteca nos decantamos por la segunda, ya que es un canal politizado. Estamos pués ante otro caso de manipulación.
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El juez Joaquín Aguirre sospechó de la actuación de los guardias cuando el Instituto Nacional de Toxicología determinó que apenas un kilo del supuesto alijo era realmente cocaína; el resto contenía yeso y azúcar. E imputó a una quincena de ellos por tráfico de drogas y asociación ilícita, entre otros delitos. Había nacido el caso Macedonia, que se hizo más y más complejo hasta alcanzar también a mossos, policías nacionales y narcos. La mayoría de guardias fueron exculpados antes de llegar a juicio. Salvo dos: el teniente Francisco P. y su subordinado sargento Raúl J., que han sido procesados (y finalmente absueltos) por falsear aquel atestado, como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El juez acusó a los mandos de saber de antemano que la droga era falsa

El teniente y el sargento son los primeros implicados en el caso que llegan a juicio. Su absolución —durante la investigación tuvieron el teléfono intervenido— supone un revés para la causa, que desde la primavera de 2011 mantiene imputada prácticamente a parte de la unidad anticorrupción de los Mossos d’Esquadra que, en su día, había dirigido las pesquisas. El juez Aguirre también acabó sospechando del subinspector Antoni S. y de cinco subordinados por haberle ocultado la identidad de un confidente policial que, presuntamente, estaba involucrado en la banda de traficantes. El supuesto protegido por los Mossos es Manuel Gutiérrez Carbajo, un confidente policial que fue clave para desmantelar, entre otros escándalos, la corrupción de miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga, de Castelldefels. El confidente sostiene que el chivatazo fue una venganza para perjudicarle. El fiscal no ve delito en la actuación de los Mossos, cuya imputación está ahora en manos de la Audiencia de Barcelona.

En el caso Macedonia también están implicados un subinspector y otros agentes de los Mossos que, presuntamente, recibieron regalos a cambio de facilitar información a la banda. La causa ha generado, de rebote, un gran malestar entre cuerpos policiales. En febrero de 2012, los Mossos registraron la joyería Rabat para saber si el confidente compró relojes a mandos del CNP como pago por supuestos favores. Meses más tarde, la Policía irrumpió por orden del juez en la sede central de los Mossos para obtener copias de las escuchas que, según el magistrado, le fueron hurtadas.

La sentencia que absuelve a los dos guardias relata que aplicaron los reactivos químicos al material intervenido e indicaron, en el atestado, que podía ser cocaína y anfetamina. El fiscal les acusó de falsedad por imprudencia y pidió el pago de una multa de 1.440 euros y seis meses de suspensión de empleo público.

Los magistrados señalan que el teniente —defendido por los abogados Judit Gené y Javier Melero— habló de “supuesta” droga en el informe, por lo que expresó sus dudas. La aparición de un kilo de cocaína, señalan, “justificaba la actuación policial”. La resolución rechaza, además, que los guardias conocieran de antemano que se tratara de una “encerrona tendida al detenido por desconocidos” o que no hubiese droga. Lo supieron días después a través de sus superiores, que habían sido informados por el confidente Carbajo de que la droga era mala.

Blog de la empresa Segurpricat consulting
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La Policía Nacional ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para tratar de reactivar la investigación del caso Macedonia, un escándalo sobre una presunta mafia policial en la que estarían implicados funcionarios de casi todos los cuerpos de seguridad que operan en Cataluña y cuya instrucción avanza a velocidad de tortuga desde que la trama estalló en 2009 después de una fallida operación antidroga.

El informe, dirigido por el inspector de la UDEF Manuel Morocho, responsable de los casos Gürtel y Bárcenas, concluye que funcionarios de los Mossos d’Esquadra están protegiendo al mayor traficante de drogas del puerto de Barcelona, Manuel Gutiérrez Carbajo, y “no han informado a la autoridad judicial” de los contactos personales y telefónicos que han mantenido con el delincuente. También acusa a agentes de la Guardia Civil implicados en la trama de omitir que acudieron “al senador Jordi Casas de CiU” para pedirle que aliviara su situación procesal y apunta a que, para costear su defensa, pudieron recurrir a la ayuda económica de un empresario, Francisco B., al que previamente habían investigado por tráfico de estupefacientes.

En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, ‘mossos’, policías nacionales y guardias civiles

El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, ha sido elaborado tomando como referencia informes previos de las respectivas unidades de asuntos internos de cada uno de los cuerpos implicados, también de la Policía Nacional. Sus más de 200 páginas fueron recibidas la semana pasada por el instructor de la causa, el juez Joaquín Aguirre, que lleva seis años enfrentándose a todo tipo de obstáculos para tratar de aclarar las conexiones de la supuesta mafia policial con la banda de Gutiérrez Carbajo.

En estos momentos están imputados en el procedimiento seis agentes de la policía autonómica catalana. Asimismo, el pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a los dos únicos funcionarios del Instituto Armado que quedaban acusados por el escándalo. La Justicia acabó rechazando que los dos funcionarios hubieran falseado el alijo de drogas que destapó la existencia de una trama policial.

El alijo que originó el proceso

Sin embargo, el informe confeccionado ahora por la Policía puede dar un vuelco a las pesquisas. El inicio del caso se remonta al 28 de mayo de 2009. La Guardia Civil recibió la información de que un presunto traficante, Juan Miguel Bono, iba a recoger un cargamento de droga en el centro de Barcelona. Los agentes acudieron al lugar y a la hora señalada vieron como aparecía Bono y recogía 29 paquetes del maletero de un coche.

Los funcionarios lo detuvieron y redactaron un atestado en el que especificaron que al supuesto narco, del clan de Gutiérrez Carbajo, se le habían intervenido 54 kilos de cocaína y otras drogas. Pero el Instituto Nacional de Toxicología descubrió días después que sólo un 1 kilo del cargamento era realmente cocaína. El resto de la mercancía entregada al juzgado era yeso y azúcar. El juez Aguirre sospechó de los guardias civiles y abrió una investigación que sirvió para descubrir un complejo entramado de conexiones de las fuerzas de seguridad con el mundo del narcotráfico en el que ha sido difícil distinguir a los buenos de los malos.

En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, mossos, policías nacionales y guardias civiles, y la investigación ha generado graves conflictos entre los diferentes cuerpos, que compartían a Gutiérrez Carbajo como confidente. Este ayudó a los mossos a descubrir la conexión de agentes de la Policía Nacional con los burdeles Saratoga y Riviera, ya condenados en otro procedimiento. Pero la Policía Nacional también averiguó que el célebre narco tenía en nómina a agentes de la policía autonómica.

Contactos con un exsenador de CiU

El informe que ha recibido ahora el Juzgado número 1 de Barcelona confirma la existencia de graves irregularidades en la propia investigación del escándalo. La Policía Nacional ha concluido que los Mossos “no informaron a la autoridad judicial” de que varios de sus miembros “mantuvieron frecuentes contactos con Manuel Gutiérrez Carbajo durante el desarrollo de la investigación”. Asimismo, reprocha a los investigadores de la policía autonómica que “no desarrollaran las vías de investigación conducentes” al traficante, aunque su nombre “aparecía reiteradamente en los hechos que estaban siendo investigados”.

En cuanto a la Guardia Civil, el documento acusa a los funcionarios que estuvieron imputados de “desarrollar un importante despliegue de medios” para su defensa, “acudiendo al senador Jordi Casas de CiU, según consta en los informes del Servicio de Asuntos Internos (SAI)” del Instituto Armado. También señala que “el empresario Francisco B., que había sido investigado” por la unidad contra el crimen organizado en Cataluña de la Guardia Civil, “pudo haber hecho frente a los gastos de la defensa” de los imputados, como también indican “los informes del SAI”. Y, por último, reprocha que los funcionarios del Instituto Armado que participaron en la detención de Bono no hayan tenido ningún tipo de sanción penal “y se desconoce si disciplinarias”, a pesar de las “numerosas irregularidades” que cometieron en esa actuación.

La investigación de la Policía Nacional también carga contra un antiguo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, el exdirector de análisis Carlos Quílez. El documento que ha recibido el juez Aguirre asegura que un teléfono móvil “atribuido a Quílez mantuvo 586 comunicaciones” con Gutiérrez Carbajo “entre el 20 de octubre de 2009 y el 16 de junio de 2010”, un periodo que coincide con la etapa del directivo en la Oficina Antifraude de la Generalitat. La Audiencia de Barcelona ya concluyó en junio de 2012 que Quílez no había cometido ningún delito por permitir que el narco le regalara una motocicleta.

Fuente: El confidencial

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5 comentarios en “El caso Macedonia, una compleja investigación sobre corrupción en casi todos los cuerpos policiales que operan en Cataluña

  1. Un informe dirigido por el inspector de la #UDEF Manuel Morocho, responsable de los casos #Gürtel y #Bárcenas http://wp.me/p2n0O4-32b concluye que funcionarios de los Mossos d’Esquadra están protegiendo al mayor traficante de drogas del puerto de Barcelona, Manuel Gutiérrez Carbajo, y “no han informado a la autoridad judicial” de los contactos personales y telefónicos que han mantenido con el delincuente. También acusa a agentes de la Guardia Civil implicados en la trama de omitir que acudieron “al senador Jordi Casas de CiU” para pedirle que aliviara su situación procesal y apunta a que, para costear su defensa, pudieron recurrir a la ayuda económica de un empresario, Francisco B., al que previamente habían investigado por tráfico de estupefacientes.

    En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, ‘mossos’, policías nacionales y guardias civiles

    El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, ha sido elaborado tomando como referencia informes previos de las respectivas unidades de asuntos internos de cada uno de los cuerpos implicados, también de la Policía Nacional. Sus más de 200 páginas fueron recibidas la semana pasada por el instructor de la causa, el juez Joaquín Aguirre, que lleva seis años enfrentándose a todo tipo de obstáculos para tratar de aclarar las conexiones de la supuesta mafia policial con la banda de Gutiérrez Carbajo.

    En estos momentos están imputados en el procedimiento seis agentes de la policía autonómica catalana. Asimismo, el pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a los dos únicos funcionarios del Instituto Armado que quedaban acusados por el escándalo. La Justicia acabó rechazando que los dos funcionarios hubieran falseado el alijo de drogas que destapó la existencia de una trama policial

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