Cronología del “conflicto” por la creación del Grado en Seguridad de la UB BArcelona


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Cronología del “conflicto” por la creación del Grado en Seguridad

Reproducimos, en castellano, el último comunicado de la Asociación Catalana de Criminólogos, en el que han elaborado una cronología de los acontecimientos en relación a la creación del Grado en Seguridad:

“Cronología del conflicto para la creación del Grado de Seguridad

Para clarificar, aún más, la posición de la ACC, hemos preparado una breve cronología de lo que hasta ahora ha sucedido en torno a la creación del Grado de Seguridad.

20 de febrero: Nota de prensa de la Generalidad de Cataluña recogiendo la comparecencia ante el Parlamento del Honorable Conseller de Interior, Ramon Espadaler, presentando las líneas de actuación de su Departamento para esta legislatura. Entre estas líneas se incluye como principal apuesta del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) la formación universitaria para contribuir a “aumentar capacidades y prestigio de nuestra policía”, por lo que se propone la adscripción del ISPC a la UB y la creación de un Grado universitario en Seguridad entre el Instituto, la UB, la UAB y la UPF, a impartir en las instalaciones del ISPC en Mollet.

21 de febrero: Reunión del Consejo Interuniversitario de Cataluña, con la participación de la Dirección General de Universidades, del ISPC y representantes de las tres universidades públicas (UB, UAB y UPF) donde se presenta formalmente la propuesta de realizar un Grado Interuniversitario de Seguridad, que estaría abierto tanto a estudiantes que hayan aprobado las PAU como los miembros de los cuerpos de seguridad que cumplen las condiciones de acceso a la Universidad y que permitirían acceder a cargos intermedios de los diferentes cuerpos de seguridad. Parece que el acuerdo estaba ya previamente pactado entre los vicerrectores, y que, en la práctica, la reunión es el punto de salida para que los coordinadores docentes del nuevo grado designados por cada universidad, se pongan a trabajar en la memoria docente a partir del documento propuesto por el ISPC y fechado en noviembre de 2012.

22 de febrero: La sorpresa surge cuando se constata que el plan docente propuesto por el ISPC es en más de un 50% coincidente con los planes del Grado en Criminología, con la peculiaridad de que no incorpora sus fundamentos científicos.

8 de marzo: Se realiza la reunión en la que todas las universidades debían firmar la propuesta, pero finalmente, UPF y UAB se desentienden del proyecto. La UB sí firma y se confirma la idea de poner en marcha el nuevo grado a partir del curso 2014-2015. Los motivos que parecen fundamentar la decisión de UAB y UPF de no participar habrían sido:

  • Si el objetivo formativo del grado es la seguridad interior o seguridad ciudadana, como parece lógico pensando que el grado pretende formar a las personas que ocuparán cargos de responsabilidad en la policía catalana, entonces debe ser un grado de Criminología, y ya hay un número considerable de grados de Criminología en las universidades catalanas.
  • Si el objetivo formativo es formar personas expertas en emergencias (riesgos para la seguridad industrial, riesgo de incendios, riesgos informáticos, entre otros) entonces no parece una formación adecuada para los policías que ejercerán sus funciones en el ámbito de la seguridad ciudadana y que, si aspiran a desarrollar bien su función, necesitan lógicamente conocer el fundamento científico de las intervenciones dirigidas a prevenir la delincuencia y mejorar la seguridad, que es precisamente lo que proporciona la Criminología.
  • La revisión de grados de seguridad en el Reino Unido, Francia, Canadá y EE.UU., hace concluir que todos los grados que están especialmente orientados a formar policías son grados con fundamento criminológico combinados, si acaso, con mayor contenido de asignaturas específicamente policiales. Y en todo caso, no parece que la seguridad integral tenga la autonomía científica que fundamente unos estudios de grado.

11 de marzo: Ante esta situación, la ACC envía una carta manifestando su rechazo al Grado en seguridad al rector de la UB, en el ISPC y al director general de Universidades, entre otros destinatarios. Previamente se había intentado recoger información del coordinador de Criminología de la UB; éste, sin embargo, respondió con celeridad y mostrando su preocupación con el mismo, aunque advirtiendo “inconcreciones” en nuestro posicionamiento, y nos emplazó a una reunión de fecha incierta, la cual, sin embargo, no se podría producir antes de un mes. Debido a que el proyecto está ya bastante avanzado, la ACC decide que no puede demorarse en hacer pública esta situación (una vez, recordemos, se han enviado ya las cartas de rechazo a este nuevo grado).

Martes 12 de marzo: Enviadas las cartas, la ACC cuelga en la página web (www.criminologos.org) una nota haciendo pública la situación bajo el titular “La UB pacta terminar las salidas profesionales de los criminólogos”. Esta noticia provoca gran revuelo entre los colectivos de criminólogos a nivel nacional, en general, y la Asociación Interuniversitaria de Criminología (AIC) en particular, que convoca una concentración en la Facultad de Derecho de la UB para el 19 de marzo en señal de protesta.

Viernes 15 de marzo: Ante el revuelo provocado, la Dirección General de Universidades convoca a la ACC a una reunión urgente, a la que también asisten el vicerrector de la UB y su adjunta. Nos acusan de dar información falsa, calumniosa e infundada, y de ser los impulsores de la concentración. La ACC deja claro que la concentración es iniciativa exclusivamente de los estudiantes, y explica el descontento con el documento que recoge la propuesta de plan docente elaborado por el ISPC. Ellos reconocen la existencia del plan docente que se les presenta pero afirman que está siendo revisado para abordar un concepto de seguridad más integral y más centrado en la gestión de riesgos. La UB se compromete a informar a la ACC de la evolución del plan docente. La ACC hace un comunicado explicando el contenido de la reunión, tal y como nos fue requerido. En ningún caso, sin embargo, se pide que se rectifique el primer comunicado.

Lunes 18 de marzo: A pesar de que la reunión del día 15 había finalizado con un talante pacífico y voluntad de colaboración, la UB hace público un comunicado defendiendo el nuevo grado e insistiendo en su acusación a la ACC de que ofrece información falsa y calumniosa. Por esta razón ese mismo día la ACC dirigió un nuevo mensaje al Director General de Universidades pidiéndole su amparo ante las continuas agresiones verbales y amenazas proferidas por el Decano de la Facultad de Derecho. De este mensaje se envió copia al Vicerrector de la UB, el Dr. Roselló.

En este escrito les hacíamos saber nuestro profundo malestar por la insatisfactoria respuesta de la Universidad de Barcelona y el incumplimiento de lo acordado en la reunión celebrada unos días antes. Resulta patente que la Universidad de Barcelona, ​​o al menos la Facultad de Derecho, con su Decano al frente, no estaba actuando con la buena voluntad que habían comprometido en la reunión previamente mantenida. El Sr. Decano no sólo ha hecho pública una nota en la que califica nuestra actuación como “falsa y absolutamente injuriosa”, aunque ya hemos aportado a la UB la documentación que acreditaba la información que días antes habíamos hecho pública, y que fue reconocida como cierta por los representantes de la UB, EL Dr. Roselló y Sra. Lanau. El Sr. Decano también afirma en este documento que difundimos información “tergiversada y falsa”, “sin haberla contrastado y sin haberse (SIC) puesto previamente en contacto con la Universidad de Barcelona”. Cosa que como ya quedó acreditado tampoco es cierto en cuanto a la contrastación, en virtud de la documentación referida, y tampoco en lo que respecta al contacto previo, ya que en fecha 9 de marzo, es decir tres días antes de hacer pública nuestra nota, habíamos remitido un correo electrónico al Jefe de Estudios de Criminología, tal y como ya hemos detallado más arriba.

De forma cada vez más insistente y menos velada, desde los órganos de gobierno de la Facultad de Derecho nos están haciendo llegar amenazas de demandas en relación con nuestra legítima defensa de los intereses profesionales. Esta actitud tan hostil nos lleva a preguntarnos si la Facultad de Derecho actuaría de idéntica manera en el supuesto de un conflicto similar con el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, ​​con el no menos Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona o con cualquier otra institución de alcance profesional que ejerza la defensa de una profesión como así hace la Asociación Catalana de Criminólogos.

Hay que reseñar que en la nota del Decano han subsanado los graves errores de definición de la ciencia criminológica, así como los relativos a su objeto de estudio y alcance científico, e incluso el de su incorrecta denominación como “criminalística “, que sí estaban presentes profusamente en el borrador que días antes había redactado la Facultad de Derecho; errores que les señalamos con detalle y que fueron convenientemente recogidos por nuestros interlocutores y, relativamente, enmendados más tarde en la nota finalmente publicada.

Martes 19 de marzo: Las dos organizaciones más representativas del mundo académico y profesional, y que integran a la práctica totalidad de los especialistas en Criminología a nivel estatal, SEIC y FACE, envían cartas a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU), la Dirección General de Universidades, la UB y el ISPC, mostrando su rechazo al nuevo grado de seguridad y dando total apoyo a la ACC.

Ese mismo día tiene lugar una importante concentración de estudiantes de Criminología en la UB. El decano de la facultad insiste en sus acusaciones e incluso afirma abiertamente que se está estudiando tomar acciones legales contra la ACC. A día de hoy, no tenemos constancia de que se haya presentado ninguna denuncia. Entendemos, asimismo, que si esta denuncia no se ha presentado es porque no hay base jurídica para sustentar la misma.

Simultáneamente en el ISPC se celebra una reunión, convocada por su directora, con participación de la ACC, en el que la Sra. Aymerich nos explica que entiende nuestro malestar, pero que éste se debe a una confusión, ya que el documento que contiene la planificación del futuro grado (del que reconoce su existencia y autoría por parte del personal del ISPC) es un documento de trabajo creado únicamente para repartir pesos de asignaturas entre las universidades y en ningún caso para decidir de manera definitiva sobre el contenido. Insiste en que el enfoque del nuevo grado es el de una seguridad integral, no el de seguridad ciudadana, y que todavía no hay precedentes a nivel comparado. La intención del Departamento de Interior y del ISCP es que esta institución sea pionera a nivel internacional. Insisten en que no pretenden, en ningún caso, solaparse con Criminología.

Sin embargo, a fecha de hoy, todavía no hay disponible ninguna planificación ni programa académico que permita constatar que la inicial previsión, con más de un 50% de contenidos propios de Criminología, ha sido enmendada. Por parte de la ACC acuerda confiar en la palabra, ya que no en ningún documento acreditativo, de la Directora del ISPC, pese a recordarle que este proceso será seguido con mucha atención y, en defensa de la profesión, la ACC no podrá valorar positivamente ningún programa académico que entre en colisión con el Grado en Criminología o que, de forma activa o pasiva, limite las opciones profesionales de los criminólogos. Con el fin de prestar nuestra ayuda en la confección del proyecto, evidenciando la total identidad del concepto “seguridad ciudadana” con una parte del objeto de estudio de la ciencia criminológica, hemos hecho llegar a la Directora del ISPC uno de los más reconocidos manuales sobre prevención y seguridad ciudadana, publicado recientemente. Con la ayuda de este libro, o de muchos otros que también podríamos poner como ejemplos, es posible que los promotores institucionales y universitarios del Grado en seguridad puedan clarificar un poco más lo que hemos venido diciendo desde el principio de este estrambótico conflicto: no se puede hablar de seguridad ciudadana, ni de labor policial, si esta se enfoca desde la perspectiva universitaria, sin hablar de Criminología. Esta ciencia abarca los conceptos anteriores y por lo tanto los integra superándolos.

A día de hoy, aunque las diversas instancias con las que hemos tenido la oportunidad de contrastar nuestra información han confirmado la veracidad de lo que la ACC ha venido anunciando, ni el Director General de Universidades ni de las diversas instancias de la UB se han puesto en contacto con la ACC para pedir disculpas por las graves acusaciones proferidas por el Decano de la Facultad de Derecho. Por supuesto el Sr. Decano tampoco lo ha hecho.

Nota final: Hemos recibido numerosas consultas sobre nuestra decisión de no hacer públicos los documentos acreditativos de la creación del Grado en seguridad, la razón de no hacerlo ha sido, como ya hemos dicho en otro comunicado, un compromiso ético para evitar comprometer a sus autoras. Aunque reiteradamente por parte de los numerosos interlocutores institucionales y universitarios, se ha negado su autenticidad, estos documentos evidencian que el proyecto no sólo existe en los términos descritos, sino que fue elaborado en fechas muy recientes por personal administrativo destinado en el ISPC. Toda esta información, accesible mediante las propiedades o metadatos contenidos en cualquier archivo digital, permitiría identificar a unas profesionales que son completamente ajenas al impulso y diseño del Grado en seguridad, y por esta razón hemos optado por obviar la difusión de la documentación.”

 

La Universidad de Barcelona pacta acabar con las oportunidades laborales de los criminólogos

Reproducimos a continuación el comunicado de la Asociación Catalana de Criminólogos, colgado en su web (www.criminologos.org) esta tarde:
La Universidad de Barcelona ha decidido que los titulados en Criminología que ella misma forma, y ​​que han accedido a los estudios balsa en la información que sobre salidas laborales en los ámbitos de seguridad pública y privada ella misma proporciona, no están capacitados para desarrollar realmente estas tareas profesionales.
Por esta razón ha decidido crear una nueva titulación, en colaboración con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, organismo dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, que sin aportar nada nuevo y ni mejor a lo que ya se hace en diversas titulaciones de Grado en Criminología disponibles, formará a los futuros cuadros de mando de los cuerpos policiales, penitenciarios y directivos de seguridad privada, especialistas en comunicación relacionada con la seguridad, la prevención y la delincuencia, así como en el análisis de la seguridad y las tareas de formación académica e investigación científica en el ámbito de la seguridad. Es decir, aquello para lo que ya están preparados los criminólogos y los que todavía no se les ha dado suficientes opciones para devolver a la sociedad el beneficio derivado de los conocimientos adquiridos con un notable esfuerzo no sólo personal sino también, y esto es muy importante, social, si nos atenemos al coste derivado del gasto público que supone cada estudiante universitario.
En resumen, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña desprecian los criminólogos, titulados universitarios especialmente preparados para hacer una tarea útil y necesaria. Prefieren crear una nueva titulación que no aporta nada nuevo pero sí generará beneficios económicos por la vía de las nuevas matriculaciones y dará utilidad y sentido a una institución, el ISPC, infrautilizado debido a los recortes y la imposibilidad de convocar oposiciones que rellenen sus aulas.
La ACC no puede dejar pasar este atentado a los intereses legítimos del colectivo de profesionales criminólogos en Cataluña, por esta razón hemos dirigido una carta a los responsables de las instituciones implicadas en este despropósito, comunicándose les nuestra firme oposición al proyecto. A continuación la reproducimos para que tengáis constancia.
Los destinatarios principales de nuestra carta de rechazo han sido el Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona, ​​Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Enoch Albertí Rovira, y la Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Sra. Núria Aymerich y Rocabert. Asimismo, a efectos de información, nos hemos puesto en contacto también con el Consejero de Interior, Excmo. Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas, el Director General de Universidades, Sr. Lluís Jofre Roca, y también con la ANECA, institución que en última instancia debería dar validez al nuevo título de grado en seguridad.
El texto de la carta lo tenéis a vuestra disposición a continuación:
La Asociación Catalana de Criminólogos ha tenido conocimiento de que el pasado 21 de febrero se celebró una reunión en la Dirección General de Universidades para la creación de un grado de seguridad que se impartiría en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en colaboración con la Universidad de Barcelona y que estaría abierto tanto a estudiantes que han aprobado las PAU como policías que cumplen las condiciones de acceso a la Universidad. Esta titulación habilitaría el acceso a cargos de responsabilidad a la policía de Cataluña. Dos universidades públicas catalanas (Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra) participaron inicialmente en este proyecto pero ya se han desvinculado.
En relación con esta iniciativa la ACC hace las siguientes consideraciones.
En primer lugar queremos felicitar a los promotores del proyecto por haber entendido que, tal y como ya hacen numerosos cuerpos policiales y penitenciarios en toda Europa, tanto sus mandos como sus agentes deben recibir una formación universitaria consecuente con las importantes tareas profesionales que desarrollan. Una formación que les convierta, ya desde el principio, en especialistas en el mundo de la delincuencia, en su análisis y en la comprensión de sus causas así como en los métodos más eficaces de prevención, estudio y explicación de la conducta delictiva, que los hagan más eficientes y competentes vez que faciliten a sus organizaciones poder incorporar mecanismos de respuesta a la delincuencia de base científica y los métodos y herramientas de intervención dirigidos al tratamiento de la conducta delictiva en sus más diversas formas de manifestación.
Todas estas razones nos llevan a concluir que una formación de nivel universitario específicamente dirigida al mundo de la delincuencia es necesaria y sumamente oportuna, pero no obstante no podemos estar en absoluto de acuerdo con la creación de una nueva titulación puesto que actualmente hay en Cataluña cinco universidades públicas que ofrecen la titulación de Grado en Criminología (Universidad de Barcelona, ​​Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona y UOC), además de otra privada (Universidad Abat Oliva).
La creación de un nuevo grado de seguridad no tiene ningún sentido ni justificación ya que la base científica de unos estudios relativos a la seguridad pública es, ineludiblemente, la de la ciencia criminológica. La cobertura académica de esta ciencia, a nivel docente y de investigación, ya queda plenamente asegurada por la existencia de los diversos títulos de grado en criminología existentes en Cataluña.
En este momento más de 1200 alumnos cursan los estudios de Grado de criminología en las universidades públicas catalanas [1], y han accedido a estos estudios en buena medida inducidos por la información relativa a las salidas laborales en los diversos ámbitos de la seguridad pública y también de la privada. Esta información les ha sido suministrada por las propias universidades y por la Dirección General de Universidades. Una cantidad cercana a la anterior son los licenciados en criminología que ya finalizaron sus estudios o se encuentran cursando este año académico el último curso de la titulación que precedió a los actuales grados.
La propuesta de creación del grado de seguridad contempla también la previsión de una formación adecuada para que los futuros titulados puedan desarrollar las tareas propias de la dirección de seguridad privada, la gestión de las políticas públicas de seguridad, la experiencia en seguridad a los medios de comunicación o la docencia e investigación académica en la seguridad. No obstante la formación necesaria para tales fines queda suficientemente recogida en los diferentes programas de Grado en Criminología ya existentes y las salidas laborales asociadas también se contemplan en los programas informativos antes mencionados.
A la vista de los datos sobre titulados universitarios en criminología a las que hacíamos mención más arriba, podemos afirmar que en Cataluña hay una masa crítica suficiente de especialistas en el mundo de la seguridad formados en sus universidades que hace viable que cualquier cuerpo de seguridad policial o penitenciario, público o privado, pueda buscar buenos candidatos para sus cuadros de mando.
Por otra parte esta masa crítica de titulados universitarios especializados en la seguridad puede estar interesada en alcanzar el nivel de experiencia que conviene en determinados ejercicios profesionales. Unos niveles formativos de especialización que deben ser alcanzados al finalizar los estudios de grado y los que sí consideramos hay una oferta insuficiente.
En base a criterios de racionalidad de los recursos económicos, materiales y humanos no resulta en absoluto sostenible ni defendible la creación de una nueva titulación que de forma redundante se sume a una ya muy elevada oferta formativa en criminología y seguridad, aún más teniendo en cuenta que buena parte de las titulaciones existentes contemplan una mención específica de seguridad o de seguridad y prevención, en función del itinerario académico escogido por el alumno.
Finalmente, y atendiendo a todo lo que hasta ahora hemos descrito, como asociación profesional representativa del colectivo de titulados universitarios en criminología en Cataluña, expresamos nuestro más firme rechazo a la creación de un grado en seguridad dado el agravio que su implementación representaría para los graduados en criminología y el derroche que supondría unos recursos públicos siempre limitados.
Nota final: Conviene dejar constancia de que los argumentos que nos han servido para valorar como adecuada la formación universitaria especializada en el mundo de la delincuencia de los mandos y agentes policiales y penitenciarios, que está en la base de la iniciativa a la que nos oponemos, han sido estrechos, casi en su literalidad, del Complemento europeo al título universitario de Criminología y del Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, de creación del título oficial de Licenciado / a en Criminología.
[1] Este cálculo se ha realizado con información suministrada por las propias universidades que ofrecen los estudios de Grado en criminología. La tasa de titulados se situará a partir de este curso académico entre los 250 y los 300 nuevos criminólogos anuales. Se excluye en la UOC, donde en el curso 2012-2013 aproximadamente unos 700 alumnos están cursando estos estudios, por las peculiaridades supraterritoriales de su modelo docente.

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  1. La Universidad de Barcelona pacta acabar con las oportunidades laborales de los criminólogos

    Reproducimos a continuación el comunicado de la Asociación Catalana de Criminólogos, colgado en su web (www.criminologos.org) esta tarde:

    La Universidad de Barcelona ha decidido que los titulados en Criminología que ella misma forma, y ​​que han accedido a los estudios balsa en la información que sobre salidas laborales en los ámbitos de seguridad pública y privada ella misma proporciona, no están capacitados para desarrollar realmente estas tareas profesionales.

    Por esta razón ha decidido crear una nueva titulación, en colaboración con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, organismo dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, que sin aportar nada nuevo y ni mejor a lo que ya se hace en diversas titulaciones de Grado en Criminología disponibles, formará a los futuros cuadros de mando de los cuerpos policiales, penitenciarios y directivos de seguridad privada, especialistas en comunicación relacionada con la seguridad, la prevención y la delincuencia, así como en el análisis de la seguridad y las tareas de formación académica e investigación científica en el ámbito de la seguridad. Es decir, aquello para lo que ya están preparados los criminólogos y los que todavía no se les ha dado suficientes opciones para devolver a la sociedad el beneficio derivado de los conocimientos adquiridos con un notable esfuerzo no sólo personal sino también, y esto es muy importante, social, si nos atenemos al coste derivado del gasto público que supone cada estudiante universitario.

    En resumen, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña desprecian los criminólogos, titulados universitarios especialmente preparados para hacer una tarea útil y necesaria. Prefieren crear una nueva titulación que no aporta nada nuevo pero sí generará beneficios económicos por la vía de las nuevas matriculaciones y dará utilidad y sentido a una institución, el ISPC, infrautilizado debido a los recortes y la imposibilidad de convocar oposiciones que rellenen sus aulas.

    La ACC no puede dejar pasar este atentado a los intereses legítimos del colectivo de profesionales criminólogos en Cataluña, por esta razón hemos dirigido una carta a los responsables de las instituciones implicadas en este despropósito, comunicándose les nuestra firme oposición al proyecto. A continuación la reproducimos para que tengáis constancia.

    Los destinatarios principales de nuestra carta de rechazo han sido el Rector Magnífico de la Universidad de Barcelona, ​​Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Enoch Albertí Rovira, y la Directora del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, Sra. Núria Aymerich y Rocabert. Asimismo, a efectos de información, nos hemos puesto en contacto también con el Consejero de Interior, Excmo. Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas, el Director General de Universidades, Sr. Lluís Jofre Roca, y también con la ANECA, institución que en última instancia debería dar validez al nuevo título de grado en seguridad.

    El texto de la carta lo tenéis a vuestra disposición a continuación:

    La Asociación Catalana de Criminólogos ha tenido conocimiento de que el pasado 21 de febrero se celebró una reunión en la Dirección General de Universidades para la creación de un grado de seguridad que se impartiría en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña en colaboración con la Universidad de Barcelona y que estaría abierto tanto a estudiantes que han aprobado las PAU como policías que cumplen las condiciones de acceso a la Universidad. Esta titulación habilitaría el acceso a cargos de responsabilidad a la policía de Cataluña. Dos universidades públicas catalanas (Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra) participaron inicialmente en este proyecto pero ya se han desvinculado.

    En relación con esta iniciativa la ACC hace las siguientes consideraciones.

    En primer lugar queremos felicitar a los promotores del proyecto por haber entendido que, tal y como ya hacen numerosos cuerpos policiales y penitenciarios en toda Europa, tanto sus mandos como sus agentes deben recibir una formación universitaria consecuente con las importantes tareas profesionales que desarrollan. Una formación que les convierta, ya desde el principio, en especialistas en el mundo de la delincuencia, en su análisis y en la comprensión de sus causas así como en los métodos más eficaces de prevención, estudio y explicación de la conducta delictiva, que los hagan más eficientes y competentes vez que faciliten a sus organizaciones poder incorporar mecanismos de respuesta a la delincuencia de base científica y los métodos y herramientas de intervención dirigidos al tratamiento de la conducta delictiva en sus más diversas formas de manifestación.

    Todas estas razones nos llevan a concluir que una formación de nivel universitario específicamente dirigida al mundo de la delincuencia es necesaria y sumamente oportuna, pero no obstante no podemos estar en absoluto de acuerdo con la creación de una nueva titulación puesto que actualmente hay en Cataluña cinco universidades públicas que ofrecen la titulación de Grado en Criminología (Universidad de Barcelona, ​​Universidad Autónoma de Barcelona, ​​Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona y UOC), además de otra privada (Universidad Abat Oliva).

    La creación de un nuevo grado de seguridad no tiene ningún sentido ni justificación ya que la base científica de unos estudios relativos a la seguridad pública es, ineludiblemente, la de la ciencia criminológica. La cobertura académica de esta ciencia, a nivel docente y de investigación, ya queda plenamente asegurada por la existencia de los diversos títulos de grado en criminología existentes en Cataluña.

    En este momento más de 1200 alumnos cursan los estudios de Grado de criminología en las universidades públicas catalanas [1], y han accedido a estos estudios en buena medida inducidos por la información relativa a las salidas laborales en los diversos ámbitos de la seguridad pública y también de la privada. Esta información les ha sido suministrada por las propias universidades y por la Dirección General de Universidades. Una cantidad cercana a la anterior son los licenciados en criminología que ya finalizaron sus estudios o se encuentran cursando este año académico el último curso de la titulación que precedió a los actuales grados.

    La propuesta de creación del grado de seguridad contempla también la previsión de una formación adecuada para que los futuros titulados puedan desarrollar las tareas propias de la dirección de seguridad privada, la gestión de las políticas públicas de seguridad, la experiencia en seguridad a los medios de comunicación o la docencia e investigación académica en la seguridad. No obstante la formación necesaria para tales fines queda suficientemente recogida en los diferentes programas de Grado en Criminología ya existentes y las salidas laborales asociadas también se contemplan en los programas informativos antes mencionados.

    A la vista de los datos sobre titulados universitarios en criminología a las que hacíamos mención más arriba, podemos afirmar que en Cataluña hay una masa crítica suficiente de especialistas en el mundo de la seguridad formados en sus universidades que hace viable que cualquier cuerpo de seguridad policial o penitenciario, público o privado, pueda buscar buenos candidatos para sus cuadros de mando.

    Por otra parte esta masa crítica de titulados universitarios especializados en la seguridad puede estar interesada en alcanzar el nivel de experiencia que conviene en determinados ejercicios profesionales. Unos niveles formativos de especialización que deben ser alcanzados al finalizar los estudios de grado y los que sí consideramos hay una oferta insuficiente.

    En base a criterios de racionalidad de los recursos económicos, materiales y humanos no resulta en absoluto sostenible ni defendible la creación de una nueva titulación que de forma redundante se sume a una ya muy elevada oferta formativa en criminología y seguridad, aún más teniendo en cuenta que buena parte de las titulaciones existentes contemplan una mención específica de seguridad o de seguridad y prevención, en función del itinerario académico escogido por el alumno.

    Finalmente, y atendiendo a todo lo que hasta ahora hemos descrito, como asociación profesional representativa del colectivo de titulados universitarios en criminología en Cataluña, expresamos nuestro más firme rechazo a la creación de un grado en seguridad dado el agravio que su implementación representaría para los graduados en criminología y el derroche que supondría unos recursos públicos siempre limitados.

    Nota final: Conviene dejar constancia de que los argumentos que nos han servido para valorar como adecuada la formación universitaria especializada en el mundo de la delincuencia de los mandos y agentes policiales y penitenciarios, que está en la base de la iniciativa a la que nos oponemos, han sido estrechos, casi en su literalidad, del Complemento europeo al título universitario de Criminología y del Real Decreto 858/2003, de 4 de julio, de creación del título oficial de Licenciado / a en Criminología.

    [1] Este cálculo se ha realizado con información suministrada por las propias universidades que ofrecen los estudios de Grado en criminología. La tasa de titulados se situará a partir de este curso académico entre los 250 y los 300 nuevos criminólogos anuales. Se excluye en la UOC, donde en el curso 2012-2013 aproximadamente unos 700 alumnos están cursando estos estudios, por las peculiaridades supraterritoriales de su modelo docente.

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