Respuestas de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior:Espectaculos


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Respuestas de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Interior :Espectáculos

Informe sobre concurrencia competencial entre la autoridad autonómica y municipal para sancionar el incumplimiento del horario de espectáculos

(Revista de Documentación número 12, mayo-agosto apartado b), de 1 de abril de 1996)

Un determinado Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha solicitado consulta, en la que plantea el problema de la cobertura legal de infracciones y sanciones en materia de horario de espectáculos públicos y, en especial, el problema de la concurrencia competencial en el ámbito sancionador entre las autoridades autonómicas y municipal, respecto al incumplimiento del horario de aquéllos.

Sobre dicha cuestión, esta Secretaría General Técnica expone su parecer, en las siguientes consideraciones:

1.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD

El principio de legalidad, establecido por el artículo 25.1 CE, para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, se desenvuelve -SSTC 219/89, 61/90, 83/90 y 93/93 entre otras muchas- en dos vertientes: una formal que se suele denominar exigencia de reserva legal, y que significa que ha de venir regulada en ley formal -en la actualidad principio recogido en el artículo 127.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC)-; y otra material, conocida de ordinario como mandato de tipificación legal, artículo 129 LRJ-PAC-.

El mandato de tipificación se desarrolla en dos planos sucesivos: primero ha de determinar la Ley cuales son las conductas que se consideran infracción administrativa -artículo 129.1 LRJ-PAC- y luego ha de atribuir a cada una de las infracciones la sanción que corresponde -artículos 129.2 LRJ-PAC-. En esta operación no se descarta -Ssts 83/84, 87/85 y 2/87 entre otras muchas- la “colaboración” reglamentaria -artículo 129.3 LRJ-PAC-, para precisar conceptos de mayor amplitud comprensiva y eliminar el riesgo de inseguridad jurídica, pero siempre que no se creen regulaciones independientes y no claramente subordinadas a la Ley.

En cuanto a la utilización de los denominados “tipos sancionadores en blanco” -definidos en norma con rango legal-, que se rellenan de contenido mediante aplicación de otras normas:

a) No es factible, cuando la remisión a normas infralegales suponga una habilitación para la configuración “ex novo” de obligaciones o prohibiciones cuya contravención dé origen a una infracción sancionable -STS 341/1993, de 18 de noviembre-.

b) Se estima acorde con la Constitución -al igual que en el ámbito penal- cuando se trate de completar la definición de la infracción -legalmente definida- por medio de normas reglamentarias, cuando la movilidad de la regulación o su carácter esencialmente técnico, no aconsejan que la Ley contenga el pormenor detallado.

2.- INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE ESPECTÁCULOS

El artículo 26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de las Seguridad Ciudadana (en adelante LOSC), tipifica como infracción leve de la seguridad ciudadana:

“El exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas”

El artículo 28 LOSC gradúa las sanciones aplicables en atención a las clases de infracciones, constituyendo un supuesto específico el contemplado por el artículo 29.2 LOSC en cuanto a la competencia municipal -en los estrictos términos procedimentales regulados- para sancionar determinadas infracciones, entre las que encuentra la definida por el artículo 26.e) LOSC.

A lo anterior hay que añadir que, de acuerdo con la disposición final segunda 2 LOSC, en todo caso, la aplicación de las disposiciones relativas a los espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas en la LOSC, así como sus normas de desarrollo corresponderá a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, supuesto en el que se incluye la Comunidad Autónoma de Andalucía -artículo 13.32 de su Estatuto de Autonomía-, que, a partir del Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio, asumió las funciones y servicios del Estado en materia de espectáculos públicos, y hasta que por la Comunidad Autónoma de Andalucía se legisle en la materia, con la excepción de las funciones reservadas al Estado por razones de seguridad, extraterritorialidad o espectáculos taurinos, todas las funciones que, de acuerdo con el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto (RGE) se realizaban por la Administración del Estado, pasan a realizarse por la Comunidad Autónoma. Entre tales funciones destaca, a los efectos de la presente consulta, la determinación del horario general de los espectáculos públicos y actividades recreativas -artículo 70.1 RGE-.

Es cierto que el artículo 26.e) LOSC constituye un tipo sancionador en blanco -en cuanto a los horarios- pero no por ello ha de estimarse que contravenga el principio de tipicidad, por la posibilidad de movilidad de la regulación de los horarios, así como por la competencia autonómica para modular dichos horarios.

En cuanto a la graduación de las sanciones, la LOSC efectúa una suficiente graduación -artículos 28 y 29.2-, susceptible no obstante de ulteriores precisiones reglamentarias; y la circunstancia de que, hasta la fecha, no se hayan efectuado dichas precisiones no convierte en inaplicable la potestad sancionadora contenida en la LOSC.

3.- CONCURRENCIA COMPETENCIAL SANCIONADORA

Después de lo dicho, resulta patente que los Alcaldes son competentes -en los términos del artículo 29.2 LOSC, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad- para sancionar el exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos, si bien esta competencia no puede estimarse que sea “exclusiva”

Entre las distintas posibilidades que el legislador tenía a la hora de establecer la competencia sancionadora en la materia regulada por la LOSC, la definitivamente aprobada por su artículo 29 -teniendo en cuenta también su disposición final segunda- es una más, sin duda, legítima.

El problema que puede plantearse -en determinados supuestos- es si existe una cierta “preferencia” en el ejercicio de la competencia sancionadora, para imponer las sanciones por las infracciones a que alude el apartado 2 del citado artículo.

La respuesta a este problema es que no estando explicitada esta cuestión en la LOSC, es indiferente, legalmente hablando, que una determinada sanción -en las materias citadas por el artículo 29.2 y siempre que la sanción a imponer se ajuste a tal artículo y apartado- sea impuesta por el Alcalde del Municipio correspondiente, o por cualquiera de los órganos o autoridades competentes de acuerdo con la LOSC.

Únicamente resulta conveniente, para el supuesto de inexistencia de criterios de coordinación, en evitación de doble imposición de sanciones, que se atienda al contenido del artículo 82.4 del RGE.

 

Nota-Informe sobre prohibición de introducción y venta de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas

(22 de julio de 1997)
1.- ANTECEDENTES
Por un particular se ha solicitado -ante una Subdelegación del Gobierno -informe sobre alcance del artículo 67.3 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; más concretamente si la prohibición que aparece en dicha disposición, se circunscribe al momento en que se está celebrando todo tipo de competiciones deportivas, si se establece sólo cuando tales competiciones tengan la cualidad de espectáculos deportivos, o si, por el contrario, la prohibición resulta aplicable por el único hecho de estar enclavado el local en una instalación deportiva, independientemente del uso que se haga de ésta.
La citada Subdelegación del Gobierno, manifiesta su criterio al respecto, solicitando informe sobre la mencionada cuestión.
2.- DISPOSICIONES ANALIZADAS
A) CONVENIO EUROPEO DE 19 DE AGOSTO DE 1985
Resulta oportuno -considerando la cuestión objeto de consulta- comenzar exponiendo las siguientes características del “Convenio Europeo sobre la violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones deportivas y especialmente partidos de fútbol”, de 19 de agosto de 1985, ratificado por España por Instrumento de 22 de junio de 1987:
a) Su finalidad es -artículo 1.1- prevenir y sofocar la violencia y las invasiones de campo por espectadores con motivo de partidos de fútbol.
b) Resulta aplicable -artículo 1.2- a otros deportes y manifestaciones del género en que puedan temerse violencias o invasiones, teniendo en cuenta para ello sus exigencias específicas.
c) Entre las medidas concretas que habrían de ser introducidas en nuestra legislación, se encuentra, “cuando se teman estallidos de violencia e irrupciones de los espectadores”, la de “prohibir a los espectadores introducir bebidas alcohólicas en los estadios; restringir y, preferentemente, prohibir la venta y cualquier distribución de bebidas alcohólicas en los estadios” -artículo 3. 4.f)-.
B) ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
Ciñéndonos a la materia consultada, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (en adelante LD), declara en su Preámbulo:
“La creciente preocupación social por el incremento de la violencia en los espectáculos deportivos o en torno a los mismos, justifica que la Ley incorpore determinadas medidas para luchar contra el fenómeno de la violencia en este ámbito. Con ello la Ley pretende, por una parte, adoptar los preceptos del Convenio Europeo sobre la violencia, elaborado por el Consejo de Europa y ratificado por España en 1987; y, por otro, incluir algunas recomendaciones y medidas propuestas por la Comisión Especial sobre la violencia en los espectáculos deportivos y aprobadas por el Senado unánimemente. Entre ellas destaca la creación de una Comisión Nacional contra la Violencia en estos espectáculos y la tipificación de las infracciones administrativas relativas a las medidas de seguridad, así como las sanciones correspondientes a tales infracciones.”
Y ya entrando en su disposiciones, y siempre teniendo como referencia la consulta planteada, son destacables:
a) El artículo 67 LD -incardinado en el Título IX-: “Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”, que en su apartado 1, literalmente dispone:
“Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas la introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas”.
b) Entre las infracciones administrativas tipificadas en el artículo 69.3 LD -también incardinado en el Título IX-, “en razón a su repercusión en el orden y seguridad públicos”, se encuentra definida como “infracción muy grave”, la infracción de la prohibición a que se refiere el artículo 67.1 de la Ley.
c) La disposición adicional Cuarta.1 LD, establece que lo dispuesto en el Título IX se dicta a efectos de lo previsto en el artículo 149.1.29 de la Constitución.
d) Finalmente, el artículo 70.3 LD -fuera del Título IX, por cuanto se encuentra incluido en el Título X: “Instalaciones deportivas”-, dispone que toda instalación deportiva deberá atenerse a la normativa de la CEE sobre el uso y publicidad del alcohol y tabaco.
No resulta ocioso recordar que todos los espectáculos y actividades recreativas están sujetos a las medidas de policía administrativa que dicte el Gobierno, en los términos del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (en lo sucesivo LOSC), y en atención a las finalidades que aparecen mencionadas en dicha disposición. Los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso -dice el apartado 2 del citado artículo 8 LOSC-, sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en el Título IX de la LD.
El desarrollo de las medidas de prevención y control de la violencia en los espectáculos deportivos, contenidas en la LD y las que resultan aplicables de la LOSC, ha tenido lugar con el “Reglamento de Prevención de la Violencia en los Espectáculos Deportivos”, aprobado por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo.
Dicho Reglamento, en su artículo 24 -incluido en la Sección 5, “Cometidos y obligaciones del personal al servicio de los organizadores”, de su Capítulo Primero, “Responsabilidades de los organizadores”-, apartado 3, literalmente dispone:
“Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas, y los organizadores serán responsables del cumplimiento de la prohibición, la introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas; considerándose bebidas no alcohólicas aquellas no fermentadas, carbónicas o no, preparadas con agua potable o mineral, ingredientes, características y demás productos autorizados, y entendiéndose por bebidas alcohólicas aquellas que en volumen presenten una graduación alcohólica, en grados centesimales, superior al 1 por 100.”
3.- INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
Como recuerda la STS de 4 de marzo de 1995 (Ref. Arz. 1998), la interpretación de la Ley comporta la determinación del mandato o mandatos contenidos en la misma: sólo con esa determinación se puede llegar a saber el sentido jurídico de la norma y su alcance. Quiere ello decir que el procedimiento interpretativo, partiendo del tenor literal de la norma a interpretar, va destinado a precisar cuál es el espíritu de la ley. Toda norma, por clara que sea, debe ser interpretada, pese al aforismo “in claris non fit interpretatio”.
La interpretación literal -STS de 20 de noviembre de 1991 (Ref. Arz. 9156)- es tan sólo un mero punto de partida, que podrá ser corroborado o corregido con otros criterios de mejor entidad, ya que el ordenamiento jurídico, en cuanto integra una unidad que cristaliza en un modelo de convivencia, precisa una interpretación sistemática que da lugar a una interpretación evolutiva.
Por ello, el artículo 3.1 del Código Civil obliga a poner en relación el sentido propio de las palabras de la norma, con el contexto de las normas reguladoras de la materia de que se trate, con los antecedentes históricos y con la realidad social del tiempo en que las normas han de ser aplicadas, “atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”, para lo cual han de tenerse presentes todos los factores y criterios -sentido, contenido inmanente, intencionalidad, eficacia, resultado de su vigencia, etc-, que permitan obtener un resultado compatible con la finalidad de la norma en la realidad social que la determinó.
A lo anterior hay que añadir, en nuestro caso concreto, que nos encontramos con una norma “prohibitiva” que integra el contenido de un tipo sancionador, por lo que:
a) Las leyes prohibitivas no pueden interpretarse extensivamente; criterio que aparecía ya en una vieja STS de 4 de febrero de 1902, y que a partir de la Constitución resulta evidente, por cuanto allí donde el sentido del texto sea dudoso debe regir el principio “in dubio pro libertate”.
b) En el ámbito sancionador, está expresamente prohibido el uso de la analogía -reconocido por la STC 133/1987, de 21 de julio-, como en la actualidad recoge el artículo 129.4 de la Ley 10/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Al igual que sucede en el ámbito penal, la interpretación teleológica, inspirada en la finalidad de la norma concreta, ha de ser el criterio decisivo en la interpretación de los tipos que definen infracciones administrativas. El proceso interpretativo ha de comenzar por la determinación del bien jurídico protegido en el precepto de que se trate y, en consecuencia, por la fijación del contenido del injusto de la infracción.
Finalmente, en todo caso hay que reconocer -como recuerda la STS de 24 de abril de 1990 (Ref. Arz. 3333)-, sin embargo, que la interpretación finalista no puede nunca llegar a autorizar al intérprete para modificar o inaplicar una norma, puesto que lo máximo permitido es suavizarla hasta donde permita el contenido del texto que entra en juego, mas nunca llegar a alterar, radicalmente, su contenido positivo o negativo, permisivo o prohibitivo.
4.- PROHIBICIÓN DE INTRODUCCIÓN Y VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
Puede argumentarse, ciertamente aunque en una mera interpretación literal, que el artículo 67.1 LD -prohibición de introducción y venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas- resulta aplicable a todo tipo de “instalaciones deportivas” -definidas en el Título X LD- en que se celebren -en cualquier momento- cualquier clase de competiciones deportivas -definidas en el artículo 46 LD-.
Tal interpretación, no resulta admisible, en aplicación de los criterios antes expuestos, por las siguientes razones:
a) El bien jurídico protegido es la “seguridad pública”. La finalidad del precepto no es otra que la “prevención de la violencia en espectáculos deportivos”; no en vano el artículo 67.1 LD, se incardina en el Título IX LD, dictado al amparo del artículo 149.1.29 CE: competencia estatal exclusiva en materia de “seguridad pública”, en los términos de dicho artículo.
b) A “sensu contrario”, no puede estimarse que el precepto se incardine -primordialmente- en materia de “fomento del deporte”, o “protección de consumidores y usuarios”.
c) La “prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”, resulta necesaria únicamente, en el momento en que se estén celebrando espectáculos deportivos.
En este sentido, ha de recordarse que corresponde a los “organizadores” velar por el cumplimiento de la prohibición analizada; término -organizadores- que implica la existencia de un espectáculo deportivo.
d) Para la definición de “espectáculos deportivos”, ha de tenerse presente -en los términos de la disposición final segunda LOSC- el artículo 1.1 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (en lo sucesivo RGE), aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto: “destinados al público”.
Es patente, en consecuencia, que el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, definida por el Título IX LD, ha de restringirse a los supuestos anteriores, sin perjuicio, como es lógico, de que los titulares de establecimientos recreativos ubicados en instalaciones deportivas estén sujetos a las disposiciones sectoriales correspondientes -que tienden a la protección de otros bienes jurídicos, o incluso del mismo bien jurídico pero desde perspectivas distintas-, como por ejemplo la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a los menores de dieciséis años -artículo 60.2 RGE, en relación con el artículo 26.d) LOSC-.
Finalmente, no puede descartarse la posibilidad -y en este sentido podemos traer a colación el artículo 70.3 LD- de que las Administraciones competentes -en ámbitos sectoriales incidentes, como espectáculos, protección de la salud o protección de consumidores y usuarios- dicten, con la suficiente cobertura, disposiciones que puedan suponer la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en instalaciones deportivas; y cuyo incumplimiento, obviamente, vendría sancionado al amparo de la correspondiente legislación sectorial.
5.- CONCLUSIÓN
Por cuanto antecede, ha de concluirse que el artículo 67.1 LD resulta aplicable únicamente a instalaciones deportivas en las que se celebren espectáculos deportivos, en el momento de su celebración

Informe sobre el régimen jurídico aplicable a los incidentes violentos ocurridos en actividades deportivas de ámbito no profesional

(Revista de Documentación número 7, abril-junio 2002)

Por parte de una Subdelegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se elevó una consulta relativa al régimen aplicable a los incidentes ocurridos en actividades deportivas de ámbito no profesional, así como la incidencia sobre las mismas de la competencia traspasada a dicha Comunidad.

Sobre dicha cuestión, esta Secretaría General Técnica informa los siguiente:

1.- Aplicación del Título IX “Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos” de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y del Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, aprobado por Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, modificado por el Real Decreto 1247/1998, de 19 de junio, a los incidentes en espectáculos deportivos de ámbito no profesional.

La regulación general del fenómeno de la violencia en el deporte se contiene en el citado Título IX de la Ley 10/1990, y comprende cualquier tipo de “prueba, competición o espectáculo deportivo”, tal y como señala la Ley en numerosos de sus preceptos.

Así, en su artículo 62, la Ley somete a la disciplina deportiva a las personas físicas o jurídicas que organicen “cualquier prueba, competición o espectáculo deportivo” y su responsabilidad por los daños o desórdenes que puedan producirse en los lugares de desarrollo de la competición.

Los artículos 66, 67 y 68 prohiben la introducción de armas e instrumentos arrojadizos utilizables como armas, la introducción y venta de bebidas alcohólicas, bengalas o fuegos de artificio, entre otras prohibiciones, en las instalaciones en que se celebren espectáculos deportivos “de toda clase”.

Por otra parte, el artículo 69 en cuyo apartado 3 se tipifican las infracciones administrativas muy graves, graves y leves, define como infracción muy grave, en su letra f), “la participación violenta en altercados, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos o sus aledaños que ocasionen daños o graves riesgos a las personas o en los bienes”, sin distinguir por el ámbito profesional o no de la competición. Asimismo, define como grave “el incumplimiento en los recintos deportivos de las medidas de control sobre el acceso, permanencia y desalojo, venta de bebidas e introducción y retirada de objetos prohibidos”.

Sobre el ámbito de aplicación de lo dispuesto en este Título IX de la Ley 10/1990, la propia Ley, en su Disposición Adicional Primera, establece que lo dispuesto en esta Ley -con las salvedades que hace a continuación- “será de aplicación en todo el territorio nacional”; por su parte, la Disposición Adicional Cuarta señala que “Lo dispuesto en el Título IX se dicta a efectos de lo previsto en el artículo 149.1.29 de la Constitución”; es decir en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública.

Por tanto, en lo que a la consulta se refiere, los incidentes violentos en un recinto deportivo -de cualquier tipo- o sus aledaños constituyen infracción administrativa de acuerdo con la Ley 10/1990.

Otros aspectos regulados en este Título IX han precisado desarrollo reglamentario. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos -que regula las obligaciones de los propietarios de instalaciones deportivas, clubes, sociedades anónimas deportivas y organizadoras de acontecimientos deportivos, las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la organización y funciones de la figura del Coordinador de Seguridad-, el ámbito de aplicación del mismo viene constituido por las competiciones deportivas de ámbito estatal o de carácter internacional y, en especial, las de fútbol profesional, las calificados de alto riesgo y las que se determinen, a instancia de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos; por lo que sus previsiones no son aplicables a las actividades deportivas de ámbito no profesional. Sin embargo, es preciso señalar que la regulación contenida en el Reglamento se centra en las obligaciones de los responsables de los acontecimientos deportivos, en las medidas que deben adoptarse en las instalaciones y en la citada figura del Coordinador de Seguridad, es decir, que este ámbito de aplicación en nada afecta a la tipificación y sanción de los incidentes violentos.

En cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el artículo 8 de esta Ley, en su apartado 1, dispone que “todos los espectáculos y actividades recreativas de carácter público quedarán sujetos a las medidas de policía administrativa que dicte el Gobierno” y, en su apartado 2 establece que “los espectáculos deportivos quedarán, en todo caso, sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en el Título IX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte”.

Por tanto, cuando se trate de incidentes violentos en espectáculos deportivos, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 10/1990, en cuanto que constituye respecto de la Ley Orgánica 1/1992, ley especial. Por otra parte, esta Secretaría General Técnica considera que en los casos de incidentes violentos con motivo de acontecimientos deportivos, se aplicará la Ley 10/1990, si tales incidentes -tal y como indica esta Ley- se producen dentro de los recintos deportivos o sus aledaños; en tanto que a cualquier tipo de incidente fuera de estos lugares le podrá ser de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 1/1992, que con carácter general tipifica como infracciones administrativas graves y muy graves originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños en los bienes de uso público, así como alterar la seguridad pública.

2.- En cuanto a cómo afectan a la aplicación de la Ley 10/1990, a este tipo de incidentes las transferencias efectuadas mediante el Real Decreto 1685/1994, de 22 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de espectáculos públicos, cabe señalar lo siguiente:

En primer lugar, el propio Acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios, aprobado por el Real Decreto 1685/1994, reserva a la Administración del Estado las funciones que le correspondan en materia de seguridad pública.

En segundo lugar, hay que estar al título competencial aplicable a los incidentes violentos en espectáculos deportivos, que no es el de “espectáculos” o “deportes” sino el de seguridad pública, sobre el que el Estado, a tenor de lo previsto en el artículo 149.1.29a de la Constitución, tiene competencia exclusiva.

Así, lo ha interpretado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 148/2000, de 1 de junio, recaída, precisamente, en el conflicto de competencias planteado por la Comunidad Autónoma de Cataluña contra el Estado, por la aprobación del Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

Como ya se ha indicado, la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dispone, en su artículo 8.1, la sujeción de los espectáculos y actividades recreativas a las medidas de seguridad que dicte el Gobierno. Y este mismo precepto, en su apartado 2, sujeta los espectáculos deportivos a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 10/1990.

Sobre las posibles competencias autonómicas se pronuncia la Disposición Final Segunda de esta Ley Orgánica, que dispone que:

“1. Las Disposiciones relativas a espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley, así como las normas de desarrollo de las mismas, serán de aplicación general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en esta materia.”

En opinión del Tribunal Constitucional, lo señalado en esta Disposición Final debe interpretarse del siguiente modo: el apartado 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1992 (espectáculos y actividades recreativas) “se refiere a las medidas de policía administrativa de espectáculos, según su propio tenor literal. Sin embargo, para valorar el alcance del apartado 2 del mismo precepto debe tenerse en cuenta que la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, establece que lo dispuesto en el Título IX se dicta a efectos de lo previsto en el artículo 149.1.29 de la Constitución. Por tanto, el artículo 8 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana incluye dos apartados que tienen distinta naturaleza desde la perspectiva del orden constitucional de competencias, pues el legislador distingue la existencia de dos ámbitos competenciales diferentes en los espectáculos públicos: el correspondiente a las medidas de policía administrativa, esto es las medidas de policía de espectáculos en sentido estricto (apartado 1), de un lado, y, de otro, las medidas de seguridad pública, contenidas en el Título IX de la Ley del Deporte (apartado 2). De aquí que este último apartado precise que dichas normas serán de aplicación “en todo casó”, pues el propio legislador las ha calificado como de regulación propia de la materia “seguridad pública” en que la competencia del Estado es exclusiva y sólo se encuentra limitada por las competencias que las Comunidades Autónomas hayan asumido sobre la creación de su propia policía”.

En conclusión, en nada afecta a la competencia estatal en materia de seguridad pública y a la aplicación, por tanto, de lo previsto en el Título IX de la Ley 10/1990, el traspaso efectuado en virtud del Real Decreto 1685/1994, a la Comunidad de Castilla y León en materia de espectáculos públicos.

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