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Julián Flores Garcia :
La Ley de seguridad privada 05/2014 aumentarà fuertemente las sanciones para el intrusismo http://wp.me/p2n0XE-29b @juliansafety @segurpricatJulian Flores Garcia siseguridad
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Enlace a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- Sala contencioso-administrativa Sección quinta , la impugnación por la Administración ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO actora contra GENERALITAT DE CATALUNYA, de la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero » es regula distintiu de les persones vigilants de seguretat privada» Per la Publicada en Seguridad Privada Boletín Nº 44 Enero 2014
http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_segur_pri/pdf/boletines/boletin_44.pdf
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA
Recurso Nº 110/2012
SENTENCIA Nº 872/2013
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
Magistrados
DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
DON EDUARDO PARICIO RALLO
DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA
En la ciudad de Barcelona, a 27 de diciembre de 2013.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA)
ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Recurso ordinario Nº
110/2012, interpuesto por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN CATALUÑA, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo parte demandada la
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada y defendida por la Abogada de la Generalitat.
Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Manuel de Soler Vigas, quien expresa el parecer de la
Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
– Por la representación procesal de la Administración actora, se interpuso recurso contencioso-
administrativo, contra la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero,
«Per la cual es regula el distintiu de les
persones vigilants de seguretat privada»,
publicada en el DOGC de 9 de febrero de 2012.
SEGUNDO
– Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la
Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes llegado su momento y por su orden, los trámites
conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos
de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la disposición
objeto de recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.
TERCERO
– No habiendo sido solicitada la apertura de un período de prueba, continuó subsiguientemente
el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes, señalándose finalmente
para deliberación, votación y fallo, el 5 de noviembre de 2013.
CUARTO
– En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
– Constituye el objeto del proceso, tal como se ha reseñado en el primer antecedente de esta
Sentencia, la impugnación por la Administración actora, de la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero,
«Per la
cual es regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada
publicada en el DOGC de 9 de
febrero de 2012.
Solicita la parte actora, en el suplico del escrito de demanda, que
«se dicte sentencia estimatoria» del recurso
contencioso administrativo, «
con anulación de los artículos 1, 2 y 3′ : de la referida Ordre.
La representación procesal de la Generalitat de Catalunya, Administración demandada, solicitó en su
escrito de contestación a la demanda la desestimación del recurso interpuesto,
«perqué l’Ordre impugnada
s’até a Dret».
SENTENCIAS JUDICIALES
Se g ur i d ad Pr i v ad a Boletín Nº 44 Enero 2014
19
SEGUNDO
– La Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, contiene tres artículos, una disposición transitoria y
una disposición final. La redacción de los artículos, objeto de impugnación, es la siguiente:
Article 1 ”Distintiu de les persones vigilants de seguretat privada”
1.1 El distintiu de les persones vigilants de seguretat privada que exerceixen les seves funcions a Catalunya
s’ha d’ajustar a les característiques determinades a l’article 2 i a l’annex d’aquesta Ordre.
1.2 A la part superior de l’anvers del distintiu ha de figurar-hi l’expressió en català «vigilant de seguretat»,
o la de «vigilant d’explosius», segons correspongui, i a la part inferior ha de portar gravat el número d’habilitació.
1.3 El distintiu s’ha de dur permanentment a la part superior esquerra, que correspon al pit, de la peça de
roba exterior, sense que pugui quedar ocult per cap altra peça de roba o element que es dugui a sobre.
Article 2 “Característiques del distintiu”
2.1 El distintiu ha de ser de forma ovalada i apaïsada, de 8 cm d’amplada i 6 cm d’alçada, en fons blanc.
2.2 Les lletres i els números han de ser de color vermell.
2.3 El distintiu pot ser de material metàl·lic o plàstic flexible, amb les característiques següents:
a) Si és de metall, ha d’estar elaborat per un aliatge d’un 65% de coure i un 35% de zinc, recobert amb
esmalt ceràmic i tractat amb banys de decapat, desgreixat, níquel i llautó. La seva fixació a l’uniforme
s’ha de fer amb un imperdible horitzontal.
b) Si és de goma flexible, ha d’estar elaborat amb policlorur de vinil (PVC). La seva fixació a l’uniforme
s’ha de fer mitjançant un sistema de tancament de ganxo i bucle dels denominats tipus «velcro».
2.4 D’acord amb l’Ordre INT/318/2011, d’1 de febrer, sobre personal de seguretat privada, les persones
fabricants degudament registrades només subministraran distintius a aquelles persones vigilants que
s’acreditin com a tals mitjançant la targeta d’identitat professional, i han de portar un control dels distintius
subministrats, amb anotació del nombre i del número de targeta d’identitat professional.
Article 3 “Elements d’uniformitat”
El distintiu de les persones vigilants de seguretat privada al qual es refereix aquesta Ordre és un element
de la uniformitat a tots els efectes legals.
El preámbulo de la Ordre relaciona, en primer lugar, las normas estatales reguladoras del ámbito de la
seguridad privada, a saber: a) La Ley 23/92, de 30 de julio, de Seguridad Privada; b) El R.D. 2364/94, de
9 de diciembre, Reglamento de Seguridad Privada; y c) La Orden JNT/318/2011, de 1 de febrero, sobre
personal de seguridad privada.
Y reseña, a continuación, las normas de rango legal a cuyo amparo competencial se dicta la disposición,
que son: 1) Los arts. 163 y 6 de la L.O. 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatut d’Autonomia de
Catalunya (EAC); y 2) Los arts. 9.2 y 30 de la Liei del Parlament 1/98, de 7 de enero, de Política Lingüística.
TERCERO
– El Abogado del Estado, actuando en representación de la Administración recurrente, alega
en la demanda, en esencia:
Que «
los servicios que prestan (las empresas de seguridad privada y su personal) forman parte del núcleo
esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo
149.1.29 de la CE»
Que el Art. 163 EAC otorga a la Generalitat
«competencias… de carácter ejecutivo, sin que se le reconozca
en esta materia concreta competencia alguna para legislar o normar».
Que la Ordre impugnada «
no puede vincularse por su contenido a la materia lingüística – uso, fomento y
normalización de la lengua catalana – sino a la materia de seguridad privada (personal de seguridad privada),
situándose pues, en esta última materia».
Boletín Nº 44 Enero 2014 Seg ur id a d Pr i v a da
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La Abogada de la Administración demandada alega, en el escrito de contestación a la demanda, también
en esencia, partiendo de que la “
controversia en el present cas es circumscriu a una presumpta invasió
de competéncies estatals per part de l’Ordre impugnada»,
la inexistencia de tal invasión, con fundamento
en los títulos competenciales que se relacionan en el preámbulo de aquélla, sobre los que se extiende.
CUARTO
– Con arreglo al Art. 149.1 CE, «El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes
materias: …29
a ) Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades
Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga
una Ley orgánica».
En desarrollo de la referida competencia exclusiva estatal y en concreto, en el ámbito de la seguridad
privada, se hallan vigentes las siguientes previsiones normativas, relacionadas con el objeto regulado en
la Ordre impugnada:
1) Art. 11.1 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
«Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:…»
Art. 12.1.
«Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad,
vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán
aprobados por el Ministerio del Interior
y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas
ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
Art 7.
La prestación de servicios de seguridad privada a que se refiere el Art. 5 de esta ley se llevará a cabo
por empresas de seguridad, que podrán revestir la forma de persona física o de persona jurídica.
Para la prestación de los sen/icios y actividades de seguridad privada contemplados en esta ley, las empresas
de seguridad deberán obtener la oportuna
autorización administrativa por el procedimiento que
se determine reglamentariamente, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes requisitos:..»
Disposición Adicional Cuarta. 1
«Las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el
mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes Estatutos y, en su
caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las
facultades de
autorización, inspección y sanción
de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social en la
propia Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma».
Art. 87 («
Uniforme y distintivos’) del R. D. 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Segundad Privada.
«1. Las funciones de los vigilantes de seguridad únicamente podrán ser desarrolladas
vistiendo el uniforme
y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio
de Justicia e Interior
, teniendo en cuenta las características de las funciones respectivas de las
distintas especialidades de vigilantes y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni
con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Art. 12.1 de la P…Z…P).
2. Los vigilantes no podrán vestir el uniforme ni hacer uso de sus distintivos fuera de las horas y lugares
del servicio y de los ejercicios de tiro».
Art. 25
(‘Distintivo») de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada.
«1. El distintivo de vigilante de seguridad se ajustará a las características determinadas en el anexo IX de
la presente Orden.
2. En la parte superior del anverso del distintivo figurará la expresión vigilante de seguridad, o la de vigilante
de explosivos, según corresponda, debiendo constar en la parte inferior el número de la habilitación.
Se g ur i d ad Pr i v ad a Boletín Nº 44 Enero 2014
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3.
El distintivo se llevará permanentemente en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de
la prenda exterior, sin que pueda quedar oculto por otra prenda o elemento que se lleve».
Disposición Final Primera. Título competencial.
«1. Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el Art., 149.1.29
a de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.
2. Lo dispuesto en esta orden se entiende sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido
las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía».
ANEXO IX. Distintivo de ios vigilantes de seguridad
(Sigue un texto que es básicamente el mismo que se reproduce en el Art. 2 de la Ordre INT/15/2012, de
17 de enero, aquí impugnada).
QUINTO
– Con arreglo al Art. 163 EAC (‘Seguridad privada»), a cuyo amparo, a tenor del preámbulo de la
Ordre impugnada, se dicta ésta:
«Corresponde a la Generalitat la
ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias:
a) La autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en Cataluña y
cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio.
b) La inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en Cataluña.
c) La autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada.
d) La coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la Policía de la Generalitat
y las Policías Locales de Cataluña».
Alega la parte actora (FJ 3
o precedente) que el transcrito precepto del vigente Estatut otorga a la Generalitat
«competencias…de carácter ejecutivo, sin que se le reconozca en esta materia concreta competencia
alguna para legislar o normar”.
Está en lo cierto la parte recurrente, debiendo estarse al respecto, ex Art. 5.1 LOPJ, al contenido de la
STC 31/2010, de 28 de junio, a tenor de cuyo FJ 61°:
«El Art. 112 EAC establece que, «en el ámbito de sus
competencias ejecutivas», corresponde a la Comunidad
Autónoma «la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de disposiciones para la
ejecución de la normativa del Estado, así como la función ejecutiva, que en todo caso incluye la potestad
de organización de su propia administración y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el
ordenamiento atribuye a la Administración pública». La impugnación de los recurrentes
se centra en el
inciso «la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de disposiciones para la ejecución
de la normativa del Estado
alegando que con él se desconoce que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia,
la competencia legislativa del Estado puede comprender en ocasiones el ejercicio de la potestad
reglamentaria, por tratarse siempre de un concepto material de legislación.
El precepto examinado no contraría, en el inciso recurrido, la doctrina constitucional que tradicionalmente
ha incluido en el concepto «legislación», cuando se predica del Estado, la potestad reglamentaria ejecutiva
(STC 196/1997, de 13 de noviembre), pues en la referencia a la normativa del Estado» se comprenden
con naturalidad las normas estatales adoptadas en ejercicio de la potestad reglamentaria, además
de las que son resultado de la potestad legislativa del Estado.
Cuestión distinta es si la competencia
ejecutiva de la Generalitat puede ejercerse, a partir de «la normativa (legal y reglamentaria) del
E s t a d o n o sólo como función ejecutiva estricto Sens, sino también como potestad reglamentaria
de alcance general. La respuesta es, de acuerdo con nuestra doctrina, claramente negativa,
aun cuando es pacífico que en el ámbito ejecutivo puede tener cabida una competencia normativa
de
carácter funcional de la que resulten reglamentos internos de organización de los servicios necesarios
para la ejecución y de regulación de la propia competencia funcional de ejecución y del
conjunto de actuaciones precisas para la puesta en práctica de la normativa estatal
(STC 51/2006,
de 16 de febrero, FJ 4). Sólo entendida en esa concreta dimensión, la potestad reglamentaria a que se
refiere el Art. 112 EAC, limitada a la emanación de reglamentos de organización interna y de ordenación
funcional de la competencia ejecutiva autonómica, no perjudica a la constitucionalidad del Art. 112 EAC.
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Interpretado en esos términos, el Art. 112 EAC no es contrario a la Constitución, y así se dispondrá en el
fallo».
(Doctrina constitucional, que reitera la STC 137/2010, de 16 de diciembre, FJ 9
o ).
Partiendo de que el invocado Art. 163 EAC, cuya íntegra constitucionalidad declaró por otra parte el FJ
103° de la propia STC 31/2010, de 28 de junio, atribuye
«a la Generalitat la ejecución de la legislación del
Estado”
incluyendo en este caso esta última, en ejercicio de la competencia exclusiva estatal contemplada
en el Art. 149.1 29
a CE y conforme a la transcrita doctrina constitucional, tanto la potestad legislativa
como la reglamentaria, representadas por el conjunto de normas reseñadas en el FJ 4
o precedente, y
como quiera que el objeto de la Ordre impugnada,
«Per la qual es regula el distintiu de les persones vigilants
de seguretat privada’,
se dirige ad extra de la propia Administración demandada, y no, en los términos
de la doctrina constitucional, a regular su organización
interna o l a » ordenación funcional de la
competencia ejecutiva autonómica»,
es corolario de todo ello que, careciendo la Administración demandada
de dicha potestad reglamentaria ad extra, en el ámbito de la seguridad privada, que no resulta, bajo
ninguna interpretación posible, del texto del Art. 163 EAC, no puede aquélla regular normativamente dicha
actividad, que es lo pretendido, en cuanto al uso de distintivos por las personas vigilantes, con la
consecuencia, a salvo de examinar seguidamente la perspectiva lingüística, de la nulidad de pleno derecho,
conforme al Art. 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de los tres preceptos impugnados, arts.
1, 2 y 3 de la Ordre, que contienen dicha regulación.
Cabe añadir que, bajo la vigencia del Estatut en su primera redacción, conferida por L.O. 4/79, de 18 de
diciembre, la STC 154/2005, de 9 de junio, había establecido, en relación con la Orden (estatal) de 7 de
julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada,
sobre Personal, y en concreto, respecto de su Art. 22 («
Uniformidad: Se establece la uniformidad de los
vigilantes de seguridad, con arreglo a las características técnicas que se determinen por la Secretaría de
Estado de Interior; y que estará integrada por las siguientes prendas..»),
lo siguiente:
FJ 4
o :…»La Generalidad de Cataluña reivindica, respecto del Art. 22 E, «la autorización del uniforme». El
alcance de esta pretensión no se concreta.
Pues bien, las funciones a que se refiere el precepto nada tienen que ver con las tareas policiales que
estén comprometidas en la garantía de la seguridad y el orden públicos, ni con las administrativas inherentes
a las mismas, por lo que
su atribución al Estado no lesiona tampoco las competencias autonómicas
que derivan de la creación de su propia Policía,
y sin perjuicio de que esa atribución competencial
al Estado exige la intervención de la Generalidad aplicando los mecanismos de cooperación y
colaboración previstos por el ordenamiento con el fin de que aquél disponga de la opinión e información
oportunas respecto del color y las características del uniforme propio de los Mossos d’Esquadra.
Por tanto, el Art. 22 no vulnera las competencias de la Generalidad».
SEXTO
– No constituye óbice para lo antedicho, que uno de los preceptos impugnados, el Art. 2, sea reproducción,
como se alega en la contestación a la demanda, de una de las normas estatales relacionadas
en el FJ 4
o precedente, el ANEXO IX de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero.
Resulta de aplicación al caso, la doctrina constitucional contenida en la STC 341/2005, de 21 de diciembre,
FJ 9
o :
«La doctrina constitucional relevante para la resolución de este segundo motivo de impugnación de la
Ley de fundaciones de la Comunidad de Madrid se halla sintetizada en la STC 162/1996, de 17 de octubre
(FJ 3); síntesis que posteriormente se reproduce en la STC 150/1998, de 2 de julio (FJ 4). De acuerdo
con dicha doctrina, «cierto es que este Tribunal no es Juez de la calidad técnica de las Leyes (SSTC
341/1993 y 164/1995),
pero no ha dejado de advertir sobre los riesgos de ciertas prácticas legislativas
potencialmente inconstitucionales por inadecuadas al sistema de fuentes configurado en la
Constitución.
Así lo hizo respecto de la reproducción por Ley de preceptos constitucionales (STC
76/1983, FJ 23), en otros casos en los que Leyes autonómicas reproducían normas incluidas en la legislación
básica del Estado (SSTC 40/1981 y 26/1982, entre otras muchas) o, incluso, cuando por Ley ordinaria
se reiteraban preceptos contenidos en una Ley Orgánica. Prácticas todas ellas que
pueden mover
a la confusión normativa y conducir a la inconstitucionalidad derivada de la norma, como ocurre
en aquellos supuestos en los que el precepto reproducido pierde su vigencia o es modificado,
manteniéndose vigente, sin embargo, el que lo reproducía.
Se g ur i d ad Pr i v ad a Boletín Nº 44 Enero 2014
23
Este riesgo adquiere una
especial intensidad cuando concurre el vicio de incompetencia material
de la Comunidad Autónoma, «porque
si la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas
es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta operación
se convierte en ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de toda competencia para
legislar sobre una materia
(STC 35/1983).
En este sentido, cumple recordar lo declarado por este Tribunal en su STC 10/1982 (FJ 8) y más recientemente
recogido en las SSTC 62/1991 [FJ 4, apartado b)] y 147/1993 (FJ 4) como antes citamos, la
‘simple reproducción, por la legislación autonómica además de ser una peligrosa técnica legislativa, incurre
en inconstitucionalidad por
invasión de competencias en materias cuya regulación no corresponde
a las Comunidades Autónomas»
(ibidem). Aunque también hemos precisado que «esta proscripción
de la reiteración o reproducción de normas… por el legislador autonómico (leges repetitae) no debemos
extenderla a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consiste en incorporar a la normativa
autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal
general con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento
autonómico» (STC 47/2004, de 29 de marzo, FJ 8)».
SÉPTIMO
– El preámbulo de la Ordre impugnada, invoca igualmente, como amparo competencial para la
regulación del distintivo de los vigilantes de seguridad privada, el Art. 6 EAC y ios arts. 9.2 y 30 de la LP
1/98, de 7 de enero, de Política Lingüística.
Con arreglo al Art. 6 EAC («La lengua propia y las lenguas oficiales»):
«1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal de las
Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua
normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.
2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado
español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de
Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las
medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua.
3. La Generalitat y el Estado deben emprender las acciones necesarias para el reconocimiento de la oficialidad
del catalán en la Unión Europea y la presencia y la utilización del catalán en los organismos internacionales
y en los tratados internacionales de contenido cultural o lingüístico.
4. La Generalitat debe promover la comunicación y la cooperación con las demás comunidades y los demás
territorios que comparten patrimonio lingüístico con Cataluña. A tales efectos, la Generalitat y el Estado,
según proceda, pueden suscribir convenios, tratados y otros mecanismos de colaboración para la
promoción y la difusión exterior del catalán.
5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las leyes de normalización lingüística».
2) Conforme a la LP 1/98, de 7 de enero, de Política Lingüística:
Art. 9.2 :
«El Gobierno de la Generalidad ha de regular; mediante disposiciones reglamentarias, el uso del
catalán
en las actividades administrativas de todos los órganos de su competencia».
Art. 30 («Las empresas públicas»):
«1. Las
empresas públicas de la Generalidad y de las Corporaciones locales, así como sus empresas
concesionarias cuando gestionan o explotan el servicio concedido,
han de utilizar normalmente el
catalán en sus actuaciones y documentación internas y en la rotulación, las instrucciones de uso, el etiquetaje
y embalaje de los productos o servicios que producen u ofrecen.
2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deben utilizar normalmente el catalán en las comunicaciones
y notificaciones, incluidas las facturas y demás documentos de tráfico, dirigidas a personas residentes
en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibirlas
en castellano o, en su caso, en catalán, si lo solicitan».
Boletín Nº 44 Enero 2014 Seg ur id a d Pr i v a da
24
Nuevamente, debe estarse al contenido de la STC 31/2010, de 28 de junio, que en supuestos como el
presente, de competencia exclusiva estatal, ex Art. 149.1.29
a CE, niega a los poderes autonómicos, legislativo
o ejecutivo, la posibilidad de incidir normativamente en el ámbito correspondiente, a tenor de su
FJ 64°:
FJ 64:
«…Del Art. 149.1 CE resulta que la atribución por el Estatuto a la Generalitat de competencias exclusivas
sobre una materia en los términos del Art. 110 EAC
no puede afectar a las competencias (o
potestades o funciones dentro de las mismas) sobre las materias o submaterias reservadas al
Estado
(ya hemos dicho que la exclusividad de una competencia no es siempre coextensa con una materia),
que se proyectarán, cuando corresponda, sobre dichas competencias exclusivas autonómicas
con
el alcance que les haya otorgado el legislador estatal con plena libertad de configuración
, sin necesidad
de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales. Por su parte,
la atribución estatutaria de competencias a la Generalitat compartidas con el Estado según el criterio
bases/desarrollo (Art. 111 EAC) no impedirá que las bases estatales configuren con plena libertad las
distintas materias y submaterias de un mismo sector material, de suerte que cuando así sea la exclusividad
respecto de tales materias y submaterias eventualmente proclamada por el Estatuto lo será impropiamente,
sin cercenar ni menoscabar la proyección de la competencia exclusiva estatal sobre las bases
de dichas materias o submaterias. En fin,
es obvio que la atribución a la Generalitat de competencias
de ejecución tampoco puede impedir el completo despliegue de las competencias normativas,
legislativas y reglamentarias, del Estado (Art. 112 EAC)».
Razonamiento que se reitera en el FJ 65;
«…Ya hemos dicho y hemos de reiterar ahora que la atribución
por el Estatuto de competencias exclusivas sobre una materia en los términos del Art. 110 EAC no puede
afectar a las competencias sobre materias o submaterias reservadas al Estado que se proyectarán,
cuando corresponda, sobre las competencias exclusivas autonómicas con el alcance que les haya otorgado
el legislador estatal con plena libertad de configuración, sin necesidad de que el Estatuto incluya
cláusulas de salvaguarda de las competencias estatales (fundamentos jurídicos 59 y 64)».
No pudiendo por tanto, conforme a la anterior doctrina constitucional, ampararse la regulación contenida
en la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, en los invocados preceptos, Art. 6 EAC y arts. 9.2 y 30 LP
1/98, de 7 de enero, la consecuencia sigue siendo la señalada en el FJ 5
o precedente, donde se descartó
el amparo competencial del Art. 163 EAC, a saber, la nulidad de pleno derecho de los preceptos impugnados,
conforme al Art. 62.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Adicionalmente a la conclusión de falta de competencia reglamentaria de la Administración demandada,
en el ámbito objeto de la Ordre impugnada, debe ponerse de manifiesto que, en los términos de aquélla,
fundada en las previsiones de los transcritos arts. 9.2 y 30 de la LP 1/98, de 7 de enero, tampoco dichos
preceptos legales amparan el desarrollo reglamentario pretendido, cuando las empresas de seguridad
privada, ni son órganos administrativos (Art. 9.2), ni empresas públicas o concesionarias (Art. 30), sino
titulares de una autorización, con arreglo al Art. 163 a) EAC, Art. 7.2 y D. Adicional Cuarta de la Ley
23/92, de 30 de julio, y arts. 3.2 y 4 bis a) del Decret 272/95, de 28 de septiembre, de regulación del ejercicio
de competencias en materia de seguridad privada.
Procede pues, por cuanto antecede, estimar el presente recurso contencioso.
OCTAVO
– Iniciado el proceso (4 de abril de 2012) bajo la vigencia del Art. 139.1 LJCA en la redacción
conferida por Ley 37/2011, de 10 octubre, y consiguiente, conforme al principio del vencimiento, procede
imponer a la parte demandada el pago de las costas devengadas por la parte actora.
VISTOS
los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
F A L L A M O S
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencíoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:
1°.- ESTIMAR
el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la Ordre
INT/15/2012, de 17 de enero,
«Per la cual es regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada”,
publicada en el DOGC de 9 de febrero de 2012, declarando la nulidad de los arts. 1, 2 y 3 contenidos en dicha disposición general.
Se g ur i d ad Pr i v ad a Boletín Nº 44 Enero 2014
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2°.- CONDENAR
a la parte demandada al pago de las costas devengadas por la parte actora en el proceso.
Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de
la misma a los autos principales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se preparará
ante esta Sala en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación.
Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.-
Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la
Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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Cuerpo Nacional de Policia
Originalmente publicado
La dirección de los servicios de seguridad se ejercerá por un Director de Seguridad
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